La necesaria desescalada tecnológica de las aulas

La Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que eliminaría de sus colegios los dispositivos digitales de uso individual en Educación Infantil y Primaria. Esta normativa permitirá aproximarse a las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, aunque sigue dejando la puerta abierta a una exposición excesiva a las pantallas a partir de los 11 años, en la ESO, etapa en la que el consumo digital resulta especialmente dañino para la salud y el neurodesarrollo. Enseguida, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) se opuso a la medida, alegando la libertad educativa. Desde la perspectiva de salud, decir que limitar las pantallas en el sistema educativo limita la libertad educativa, es cómo decir que limitar el tabaco en las escuelas atenta contra la libertad educativa.

En un contexto en el que un 32% de los adolescentes pasa más de cinco horas diarias en internet (casi un 50% los fines de semana), según datos recientes de UNICEF, y donde crece la evidencia del vínculo entre la hiperconexión y el profundo deterioro de la salud mental de la generación Z, el empeño por digitalizar la educación sin pruebas que demuestren sus beneficios para el aprendizaje así como la ausencia de perjuicio plantea serias dudas.

En España como en otros países, los últimos años han sido marcados por el uso creciente de tabletas, plataformas y contenidos digitales en los centros educativos, tanto en clase como para realizar los deberes en el hogar. Este proceso se aceleró durante la pandemia, con el fin de facilitar una enseñanza a distancia mientras que los centros estaban cerrados por periodos prolongados. Otros catalizadores de la digitalización han sido y siguen siendo los cientos de millones de euros de fondos nacionales y europeos destinados a programas de «modernización y digitalización del sistema educativo».

Este despliegue colisiona con las recomendaciones objetivas y desprovistas de intereses comerciales de autoridades educativas, sanitarias y de protección de datos, así como de expertos competentes que cuestionan su fundamento e instan a reconsiderarlo... Més